por Diego Ortúzar y Ángela Vergara
El siguiente artículo se publicó por primera vez en The Abusable Past el 25 de mayo de 2020. En él, Diego Ortúzar y Ángela Vergara relacionan los peligros que enfrentaron los trabajadores durante la pandemia COVID-19 con la historia de las luchas de los trabajadores por condiciones de trabajo seguras y saludables. Los autores nos han concedido generosamente el permiso para traducir y publicar el artículo aquí, y han participado en la preparación de esta traducción. -BMN, 12/06/2020
En los Estados Unidos las empresas empacadoras de carne reabren sus plantas a pesar de la infección generalizada entre sus trabajadores, en diferentes regiones del mundo las enfermeras son expulsadas de sus hogares por temor al contagio, y el llamado trabajo “desde el hogar” aumenta la violencia doméstica y los síntomas de ansiedad. Asimismo, el temor al desempleo obliga a muchos trabajadores a aceptar condiciones de trabajo inseguras sin denunciarlas; ¿Es posible pensar estas situaciones como condiciones de trabajo de alto riesgo? ¿Es el COVID-19 un riesgo ocupacional? ¿Podrían los trabajadores exigir condiciones de trabajo más seguras? De ser así, ¿a quién y cómo?
La discusión global sobre COVID-19 se ha centrado en el papel de los gobiernos y de las autoridades sanitarias para aplanar la curva de contagio, proteger a la población y mitigar las consecuencias económicas de los períodos de cuarentena. Las responsabilidades de los empleadores hacia sus empleados y clientes durante la pandemia, en cambio, han sido mucho menos debatidas. En los Estados Unidos el líder republicano Mitch McConnell y la Cámara de Comercio comienzan sin embargo a prepararse, puesto que, temerosos de posibles demandas, han pedido que se otorgue inmunidad legal a los dueños de empresas respecto de eventuales demandas por contracción del COVID-19 entre los trabajadores. Otros países han tomado medidas para considerar el COVID-19 como un riesgo laboral. El gobierno francés, por ejemplo, ha propuesto reconocer el COVID-19 como una enfermedad profesional para todos los cuidadores, aunque la definición exacta de “cuidador” sigue siendo confusa. En Chile, la Superintendencia de Seguridad Social declaró al COVID-19 como riesgo laboral, pero siempre que los empleados contraigan la enfermedad durante el horario de trabajo. Estas decisiones y los derechos de los trabajadores a trabajar en condiciones seguras, son cruciales en los procesos de reactivación económica y de combate del virus que muchos países están llevando a cabo.
El movimiento sindical ha luchado para obtener condiciones seguras de trabajo desde –al menos– mediados del siglo XIX. En diferentes lugares del mundo, las explosiones en minas, los descarrilamientos de trenes y otros accidentes catastróficos han atraído la atención de los medios. Un caso emblemático fue el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist Factory en la ciudad de Nueva York, que terminó con la vida de 146 trabajadores. Casos como este provocaron huelgas y reforzaron el apoyo popular de las demandas de los trabajadores, y en algunos casos, condujeron a la adopción de nuevas normas y reglamentos de seguridad. De hecho, las primeras legislaciones laborales incluyeron medidas relativas a los riesgos y obligaron a los empleadores a proporcionar asistencia médica en caso de accidentes, a mejorar la ventilaciones en fábricas y en minas subterráneas, entre otros.
En la mayoría de los países, las leyes laborales exigen a las empresas garantizar condiciones seguras de trabajo, proporcionar equipos de protección e informar sobre los riesgos laborales a los trabajadores. Cuando estos mecanismos de prevención fallan, la ley establece que los trabajadores y sus familias tienen derecho a atención médica de urgencia y de largo plazo, y a compensaciones económicas si las lesiones producen algún grado de discapacidad.
Las condiciones seguras de trabajo son también un estándar internacional. Desde su fundación en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha aprobado una serie de convenciones, recomendaciones y protocolos que compelen a los estados miembros a promulgar y hacer respetar ciertas normas de seguridad. Esta agencia internacional también ha impulsado el reconocimiento de riesgos que afectan a profesiones u oficios en particular, como los trabajadores de la minería, de la construcción y del mundo agrícola, portuario y forestal. Durante la segunda mitad del siglo XX la OIT reconoció nuevos riesgos, como el impacto de la radiación, el asbesto, el ruido, las vibraciones, la contaminación atmosférica y los productos químicos nocivos para los trabajadores.
El cumplimiento de estas normativas y de la legislación en materia de seguridad laboral ha constituido una historia de conflictos bastante compleja. Para protegerse de las demandas de los trabajadores, las empresas –especialmente las de gran envergadura– suelen contratar seguros. Como resultado, muchos trabajadores lesionados y familiares deben pasar por extensos y costosos procesos judiciales contra seguros que buscan reducir las compensaciones. Los procedimientos médico-legales son especialmente engorrosos en el caso de las enfermedades profesionales. Para recibir indemnizaciones, quienes sufren estas enfermedades deben demostrar que las contrajeron durante y a causa del trabajo. En el caso de las dolencias crónicas esto impone desafíos particularmente difíciles. Los empleadores y las compañías de seguros intentan negar la relación causal entre el trabajo y la enfermedad, relativizando la gravedad de los síntomas o atribuyendo la causa de estas enfermedades a ciertas predisposiciones en los trabajadores. Luego, una vez que la evidencia es abrumadora, los empleadores suelen aceptar las normativas pero negociar, a cambio, ciertas flexibilidades para reducir los pagos a las víctimas. Por otra parte, la obtención de indemnizaciones requiere que los trabajadores tengan acceso a cierta tecnología médica, a defensores legales y tribunales, una institucionalidad médico-legal que, en caso de operar, puede ser utilizada en contra de las víctimas y a favor de quienes intentan reducir sus costos.
En la industria minera, por ejemplo, los trabajadores lucharon durante décadas para incluir la silicosis y otras complicaciones pulmonares en la lista de riesgos laborales indemnizables. No obstante, incluso hoy deben soportar complicados procedimientos burocráticos para recibir beneficios por discapacidad. Los trabajadores de la industria petroquímica corren una suerte aún peor, puesto que rara vez reciben compensaciones por uno de los principales riesgos laborales que padecen, el cáncer. Los vínculos entre el lugar de trabajo y esa enfermedad parecen ser extremadamente difíciles de demostrar.
Los trabajadores de gran parte del mundo enfrentan hoy riesgos laborales sin precedentes. El 28 de marzo de 2020, la Organización Internacional del Trabajo solicitó a los países reconocer como enfermedades profesionales tanto el COVID-19 como los trastornos de estrés postraumático asociados, de manera de garantizar que los empleados y sus familias reciban protecciones y compensaciones. Los “empleadores”, dice el documento de la OIT, “tienen la responsabilidad de garantizar que se tomen todas las medidas preventivas y de protección posibles para minimizar los riesgos laborales”, incluyendo la provisión de “indumentaria y equipo de protección” y la información sobre los riesgos de contagio. Además, el documento estipula que los trabajadores tienen derecho a abandonar el trabajo si las condiciones son demasiado riesgosas. Estas medidas deben implementarse en supermercados, oficinas de correo, centros de salud, funerarias y recolectores de basura, entre otros.
El cumplimiento de las normativas de protección en el trabajo durante esta crisis sortea varios obstáculos que, en cierto modo, reflejan el desequilibrio de poder entre trabajadores, empleadores y estados. Los trabajadores esenciales de las industrias de transporte, del reparto a domicilio, de la atención médica, de supermercados y de la recolección de basura, conviven con un alto riesgo de contraer el virus. Muchos de ellos pertenecen al sector más vulnerable de la población: inmigrantes, indocumentados y mujeres que ganan un sueldo por debajo del salario mínimo y que tienen acceso limitado a la atención médica. Como afirmó un conductor de metro en Nueva York, “no somos esenciales, estamos siendo sacrificados”, una declaración que da cuenta de la larga y entretejida historia de racismo, abuso y falta de condiciones seguras de trabajo. A más de cincuenta años de la huelga de los recolectores de basura de Memphis (1968), los trabajadores esenciales siguen presionando para obtener cierta higiene y seguridad en el trabajo.
La OIT advierte que esta es una situación de “contagio o hambre” para los trabajadores de las economías informales. Privados de cualquier tipo de protección, los contratistas independientes, los “socios” conductores, los jardineros y los vendedores ambulantes, quedan arrojados a su suerte por no ser considerados como “trabajadores asalariados”. Esto no es una sorpresa, pues empresas como Uber y Deliveroo se han opuesto en forma sistemática a contratar formalmente a sus conductores y mensajeros, privandolos así de beneficios básicos como licencia por enfermedad y seguro de desempleo. En algunos países del sur, los trabajadores informales constituyen la gran mayoría de la fuerza laboral y tienen acceso limitado a atención médica y seguridad social. Las desigualdades abismales de sus países quedan expuestas cuando, para sobrevivir y proteger a sus familias, los trabajadores se ven obligados a desafiar las políticas de confinamiento y exponerse al contagio.
Los sistemas de trabajo remoto y en línea también generan consecuencias para los profesionales y trabajadores administrativos. Las jornadas extensas de trabajo frente a las computadoras, en espacios reducidos y sin privacidad, acarrean problemas sanitarios a largo plazo y otros riesgos que por ahora desconocemos. Los educadores y cuidadores, en su mayoría mujeres, se exponen al desgaste emocional de su trabajo y a las labores no remuneradas e impuestas en el hogar. En contexto de pandemia, esta sobrecarga tiene ciertamente un impacto en su salud mental.
A medida que los gobiernos levantan las restricciones de las cuarentenas, muchos trabajadores retoman sus empleos pero con protecciones mínimas. En diferentes regiones, desde enfermeras hasta trabajadores de Amazon denuncian estas condiciones inseguras de trabajo y exigen tests gratuitos, licencias por enfermedad y compensaciones para quienes enferman. Asimismo, los trabajadores y sindicatos presionan para asegurar que las empresas adopten estándares mínimos de salud, informen acerca del número de personas que enferman, y gestionen adecuadamente los riesgos una vez reiniciado el trabajo.
En muchos de estos casos, las legislaciones relativas a los riesgos laborales son esenciales para forzar a las empresas a garantizar condiciones seguras de trabajo y el pago de indemnizaciones en caso de invalidez a causa del COVID-19 o de enfermedades físicas o psicológicas asociadas al trabajo en contexto de pandemia. Algunos trabajadores y sus sindicatos solicitan además ser incluidos en los procesos de toma de decisiones, de manera de asegurar la vigencia de medidas de seguridad como la distancia social o el uso de mascarillas durante las transiciones hacia las “nuevas normalidades”.
La AFL-CIO, por ejemplo, ha sostenido que para reactivar la economía, “los trabajadores deben tener voz en estas decisiones a todo nivel: lugar de trabajo, industria, ciudad, y a escala estatal y federal. Los trabajadores son aquellos cuyas vidas y salud están en juego, y los trabajadores y nuestros sindicatos deben tener un papel para decidir si es seguro o no ir a trabajar”.
En las fábricas ocupadas y en las cooperativas, las asambleas de trabajadores han tomando un camino alternativo para protegerse y mantener la producción. Traful Newén es una empresa textil argentina bajo control de trabajadores desde que los propietarios la abandonaron y cerraron en 2017. Una de sus operadoras textiles, Marina Catilao, relata en una entrevista telefónica que, una vez diagnosticados los primeros casos de COVID-19 en Argentina, la primera decisión de la asamblea de trabajadores fue organizar una reunión con un médico. En base a esa reunión, la asamblea decretó que los trabajadores en riesgo por edad avanzada y/o comorbilidad, y aquellos con emergencias domésticas (por ejemplo, cuidando niños o adultos mayores), permanezcan en sus hogares. Además, la asamblea implementó medidas de seguridad laboral en la fábrica distanciando las máquinas de trabajo, promoviendo el uso de desinfectante para manos, dosificando la entrada de clientes a la fábrica, entre otros. La planta también comenzó a fabricar máscaras, batas de laboratorio, botas y otros equipos de protección, y firmó un acuerdo con el Ministerio de Salud para proporcionar 18.000 máscaras por mes a diferentes centros de atención médica. Ambas medidas son de solidaridad social, explica Catilao, y a la vez, estrategias para continuar operando y sobrevivir financieramente. El enfoque ha sido exitoso y Traful Newén no solo ha protegido la salud de los trabajadores –mayoritariamente mujeres–, sino que ha creado dos nuevos puestos y ahora cuenta con 28 trabajadores.
Otras compañías con altos niveles de participación de los trabajadores han implementado prácticas similares. Rimaflow es una cooperativa autogestionada en Milán, Italia. Al igual que Traful Newén, Rimaflow es una empresa recuperada y controlada por una asamblea de trabajadores desde su quiebra en 2018. La compañía también ha implementando medidas de seguridad y ha realizado una transición en la producción, pasando desde el reciclaje electrónico a la fabricación de materiales sanitarios. Estas medidas han protegido a los trabajadores y han mantenido, hasta el momento, la viabilidad económica de la empresa durante la actual crisis económica y sanitaria en Italia.
El mundo enfrenta una de las peores crisis de salud desde la epidemia de gripe española de 1919, está ad portas de una gran depresión económica, y las medidas de austeridad amenazan con debilitar todavía más los remanentes de los llamados Estados de bienestar. La crisis mundial también se ha convertido en una excusa para socavar los derechos de los trabajadores, lo que dificulta la aplicación de las leyes de seguridad y otorga aún más poder a los empleadores.
Pero los trabajadores de las fábricas y cooperativas ocupadas han demostrado que la sobrevivencia económica no es incompatible con la seguridad de sus empleados y con la solidaridad social. De hecho, la salud, la vida y el bienestar de los trabajadores pueden ser la base de la recuperación económica.
Sobre los autores
Diego Ortúzar es doctorante en la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) de París. Su investigación se centra en la historia laboral y sanitaria de Chile, y es autor de “La política de las enfermedades profesionales: Anquilostomiasis y silicosis en Chile, 1920-1940” (2015) y coautor (con Á. Vergara) de “Bringing Justice to the Workplace: Labor Courts and Labor Laws in Chile, 1930s-1980s” (2017), entre otros. Actualmente investiga las misiones internacionales de desarrollo agrícola en los países andinos durante el siglo XX.
Ángela Vergara es profesora de Historia en la California State University Los Ángeles. Obtuvo su licenciatura en historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago (1994) y su doctorado en la University of California San Diego (2002). Es autora de Copper Workers, International Business, and Domestic Politics in Cold War Chile (2008) y coeditora de Company Towns in the Americas (2011) y del número especial de Radical History Review, The Other 9/11: Chile 1973 – Memory, Resistance and Democratization (2016) En su próximo libro, Protecting Jobs, Empowering Workers: The Fight against Unemployment in Twentieth-Century Chile, 1910s-1980s, cuenta la historia de cómo los trabajadores, los profesionales de la asistencia social y los legisladores definieron y lucharon contra el desempleo y la inestabilidad laboral en Chile.
Traducido por Rebeca Pacheco L. con la participación de los autores, 12 de junio de 2020.
