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Crisis de COVID-19: el Movimiento Al Socialismo de Bolivia dice #PrimeroLaVida

por Federico Fuentes

Este artículo, que describe la propuesta #PrimeroLaVida elaborada por el Movimiento Al Socialismo de Bolivia, fue publicado por primera vez en inglés en Green Left Weekly el 24 de abril de 2020 (y después en MR Online). Hemos recibido un generoso permiso de los editores para traducirlo y volver a publicarlo aquí. -BMN y PSU, 07/05/2020

Los soldados interrogan a una mujer indígena en el camino para comprar comida. Foto: TeleSUR

Teniendo en cuenta el aumento exponencial del número de muertos de COVID-19 y los devastadores efectos sociales y económicos de los cierres brutales, ¿cómo podría presentarse una respuesta humana y progresiva a la pandemia mundial?

Esto es lo que el Movimiento Al Socialismo de Bolivia (MAS) ha tratado de esbozar en #PrimeroLaVida, su detallado y exhaustivo plan para hacer frente a COVID-19 y sus impactos sociales y económicos.

El plan fue dado a conocer el 15 de abril por el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, ex ministro de economía del presidente Evo Morales, que fue derrocado en un golpe de Estado el pasado mes de noviembre. Desde entonces, el país ha sido gobernado por un gobierno «interino» inconstitucional encabezado por la presidenta golpista de derecha Jeanine Áñez.

Con Morales forzado al exilio y sin posibilidad de presentarse, Arce fue seleccionado para presentarse como candidato del MAS a las elecciones generales del 3 de mayo, que ahora han sido pospuestas debido a la pandemia. El aplazamiento es sólo una de las medidas represivas que han acompañado al bloqueo nacional del gobierno de Áñez que comenzó el 22 de marzo.

Múltiples crisis

#PrimeroLaVida observa que COVID-19 «ha puesto en riesgo la salud y la vida de millones de personas en el mundo, pero también la economía y la convivencia social». Advierte que «El mundo hoy está viviendo un recrudecimiento de una crisis múltiple del capitalismo, que puede desencadenar en una catástrofe humanitaria sin precedentes».

Reconociendo que ningún país estaba totalmente preparado para hacer frente a la pandemia, dice que las enormes deficiencias de los planes del gobierno de Áñez para las fases de preparación y contención de la pandemia «han complicado mucho la gestión de la fase en la que hoy nos encontramos, y las proyecciones de contagios y muertes, son estremecedoras».

Lamentablemente, las acciones que se anuncian no obedecen a un plan integral, y siguen siendo tardías, ineficientes, discriminatorias, improvisadas y muy débiles en cuanto a organización, y transparencia en la información.

Al decretar una cuarentena general, lo que correspondía era la elaboración y presentación de un paquete de medidas para paliar los efectos económicos y sociales de todos los sectores, especialmente de los más vulnerables.

Resulta inconcebible y hasta inhumano, que luego de más de veinte días de cuarentena se anuncie la entrega de un apoyo económico para las personas que más lo necesitan … pero además [las medidas de apoyo recientemente anunciadas] serán entregado recién el 30 de abril.

¿Cómo van a subsistir las bolivianas y bolivianos que se encuentran en el grupo poblacional más golpeado por la crisis, sin ingresos ni alimentos por más de un mes?

Ante esta realidad, el plan del MAS plantea propuestas concretas de emergencia, elaboradas en consulta con los movimientos sociales, los profesionales de la salud y los sectores económicos.

Esas medidas abarcan 14 ámbitos: atención sanitaria de emergencia; cadenas de suministro; política social; recuperación económica; solidaridad comunitaria; derechos humanos y libertad de expresión; justicia; política internacional; protección de los sectores vulnerables; juventud; la Madre Tierra; cultura; medios de comunicación; y transparencia y acceso a la información.

Satisfacer las necesidades urgentes

En el ámbito de la salud, el MAS propone incorporar el sector sanitario privado en cualquier plan nacional de lucha contra COVID-19. Esto se extendería a los laboratorios privados, que se pondrían bajo el control del Estado para prestar sus servicios de forma gratuita.

El plan prevé la creación de brigadas médicas compuestas por personal médico disponible y estudiantes, equipadas con la protección de bioseguridad necesaria, para ir a las comunidades y detectar y diagnosticar posibles casos.

Estas brigadas también desempeñarían un papel en la aplicación de un régimen estricto de rastreo de cualquier cadena de transmisión para ayudar a identificar los posibles casos, así como en la búsqueda activa y la realización de pruebas de casos en zonas o barrios en los que se hayan detectado agrupaciones.

Entre otras medidas de atención de la salud, se pide la importación inmediata y masiva de equipo y suministros médicos, y la designación o construcción de infraestructura en cada municipio que se utilice para alojar y tratar adecuadamente a los pacientes que deban ser aislados.

Cuando se trata de garantizar las cadenas de suministro, el plan dice que todos los trabajadores que participan en el aseguramiento del acceso a los productos básicos deben contar con el equipo de protección adecuado.

Es de importancia que se establezcan condiciones que permitan continuar el ciclo agrícola y «garantizar la cadena de insumos para la producción agropecuaria» durante el período de bloqueo, a fin de evitar tener que importar y «poner en riesgo la seguridad alimentaria de la población boliviana».

En lo que respecta al suministro de suministros médicos e higiénicos esenciales, el Estado debe apoyar a las pequeñas y medianas empresas en sus esfuerzos por satisfacer las necesidades del país. El plan añade que, dada la caída de la demanda, la empresa estatal de hidrocarburos YPFB debería distribuir el alcohol que normalmente utilizaría en la producción de gasolina para su uso como desinfectante en hospitales y hogares.

En el plan también se esbozan una serie de medidas de redistribución de la riqueza para hacer frente a cualquier aumento de la pobreza.

Entre ellas se incluye el aumento drástico del nivel de los diversos pagos de seguridad social que el gobierno ha anunciado, junto con la garantía de la prestación gratuita de servicios básicos como el agua, la electricidad, el gas y las telecomunicaciones a las familias de bajos ingresos. Todos los estudiantes también deben tener acceso a Internet gratuito, para asegurar que puedan seguir estudiando.

El Estado también debe prohibir los desalojos, dice el plan, y cubrir el costo del alquiler para las familias de bajos ingresos «para de esta manera no perjudicar los ingresos a las familias que viven de los ingresos generados por alquileres».

El plan pide que se prohíban todos los despidos y que se establezcan políticas para preservar los puestos de trabajo y compensar a los trabajadores independientes.

Medidas económicas

En cuanto a la economía, el plan pide el rechazo del modelo neoliberal y la vuelta al «Modelo Económico Social Comunitario Productivo» implementado bajo el gobierno del MAS, y basado en «la senda del crecimiento económico con redistribución del ingreso». En el centro de este modelo se encuentra la inversión pública y el estímulo al mercado interno como formas de garantizar un crecimiento sostenido.

Para ello, el plan pide al Banco Central de Bolivia que garantice la liquidez necesaria en la economía, especialmente en el sistema financiero. Para ayudar a la inversión pública, el plan prevé el impago de la deuda externa pública a lo largo de 2020-21 y de la deuda interna de las empresas públicas.

Un área clave para la inversión pública, señala el plan, es el sistema de salud. Para ayudar a financiar un plan de inversiones a medio y largo plazo, el plan propone la creación de un Fondo de Solidaridad Sanitaria, cuyos fondos iniciales procederán de la aplicación de un impuesto sobre las grandes fortunas.

El plan también sugiere que se imponga un límite salarial máximo en el sector público mientras dure la crisis, y que el dinero ahorrado se redirija al fondo.

Para el sector privado, se deben poner a disposición de todas las empresas préstamos sin interés para ayudar a cubrir los salarios y las inversiones. El plan añade que se necesitarán políticas especiales para reactivar los sectores más afectados por la crisis: turismo, hoteles, hostelería, servicios y construcción, entre otros.

El plan propone generalizar importantes iniciativas comunitarias que han surgido durante la crisis, como el establecimiento de salones de comida comunitarios, trabajando con organizaciones sociales para expandirlos por todo el país de manera segura.

Para facilitarlo, propone coordinar con «municipios, organizaciones sociales y la ciudadanía en general» para garantizar que los alimentos que son donados por los productores rurales para las salas de alimentación de la comunidad puedan ser transportados y distribuidos con seguridad en las zonas urbanas.

Otras iniciativas comunitarias, incluidas las iniciativas de comercio solidario (como el trueque de productos entre comunidades rurales y urbanas) y las huertas comunitarias o familiares, también deberían recibir apoyo estatal.

Es importante destacar que #PrimeroLaVida hace un llamamiento a las instituciones, organizaciones sociales y colectivos rurales y urbanos «a presentar propuestas que busquen un equilibrio entre las medidas sanitarias, económicas y sociales, y la sostenibilidad del medio ambiente». Dice:

Durante la pandemia, la adopción de acciones de contención como la cuarentena han tenido un impacto muy negativo a nivel económico y social; pero positivo en el medio ambiente, pues se evidencia la disminución de varios índices de contaminación.

Sin embargo, el efecto medioambiental, se considera temporal porque al levantarse la cuarentena se requiere reactivar con urgencia la economía para evitar una crisis humanitaria.

Y aquí surge uno de los más grandes desafíos, la construcción de políticas económicas en la pandemia que incorporen criterios de cuidado de la Madre Tierra.

Derechos básicos

#PrimeroLaVida es claro al afirmar que «La lucha contra pandemia no proscribe derechos humanos, políticos, económicos ni sociales».

Hace un llamamiento para que se ponga fin a la persecución política desatada desde el golpe -contra el MAS y los líderes sociales- y para que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza contra las comunidades más pobres en la aplicación del cierre.

En el plan se señala la necesidad de proporcionar información actualizada y fidedigna a los medios de comunicación para su difusión en español y en lenguas indígenas, a fin de asegurar que todos estén informados.

En el plan también se esbozan políticas especiales para ayudar: a los niños en situación de riesgo; a las mujeres que viven en situaciones de violencia doméstica; a los ancianos, a los que padecen enfermedades crónicas y a las personas discapacitadas que necesitan evitar los lugares de contagio, como las tiendas o los bancos; a las personas sin hogar; a los que sufren discriminación, como la comunidad LGBTI; y a los presos.

En cuanto a la política internacional, el plan dice que la cooperación debe basarse en la necesidad de proteger la soberanía y las vidas, no la ideología, y pide el regreso de los médicos cubanos expulsados por el gobierno de Áñez después del golpe.

También afirma que Bolivia debe asumir un papel regional de liderazgo en la reactivación de los mecanismos de integración «constituidos bajo los principios de hermandad, solidaridad y reciprocidad; para llevar adelante planes conjuntos de lucha contra el coronavirus», y, a nivel internacional, en la campaña de cancelación de la deuda del Tercer Mundo.

Se puede descargar el plan #PrimeroLaVida aquí.


Sobre Federico Fuentes
Federico Fuentes es colaborador del periódico australiano Green Left Weekly, y sus artículos han aparecido en Counterpunch, MR Online, Aporrea, Rebelión, América XXI, Comuna y otras publicaciones y sitios web tanto en español como en inglés. Es coautor de varios libros, entre ellos tres con Marta Harnecker sobre la nueva izquierda en Bolivia, Ecuador y Paraguay.

Traducido por Brian M. Napoletano y Pedro S. Urquijo, 07 de mayo de 2020.

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