por Peter Boyle
En el siguiente artículo, publicado originalmente en Green Left Weekly el 7 de mayo de 2020, se advierte que no se debe esperar que la pandemia COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas produzcan un cambio significativo o duradero en ausencia de una movilización social sostenida y determinada. Los editores nos han dado generosamente permiso para traducir y publicar el artículo aquí. -BMN, 12/05/2020
El lema “No hay vuelta a la normalidad” ha ganado una considerable popularidad por una buena razón. A medida que los gobiernos de todo el mundo se han afanado por hacer frente a los desafíos sanitarios y económicos de la pandemia COVID-19, se han visto obligados a adoptar medidas de emergencia que no habrían aceptado hace apenas unos meses, desafiando la idea de que un mayor gasto público para atender las necesidades sociales es simplemente inasequible.
En Australia, donde hemos sufrido gobiernos neoliberales bipartidistas durante casi cuatro décadas, el gobierno federal de la Coalición[1] abandonó su sagrado compromiso de reducir la deuda pública y ha gastado cientos de miles de millones de dólares en medidas de emergencia de COVID-19. La mayoría de ellas están dirigidas a apoyar al sector corporativo, pero también hay una doblación temporal del pago de JobSeeker para los desempleados.[2]
Durante muchos años, los desempleados se han visto obligados a sobrevivir por debajo del umbral de la pobreza, por lo que la demanda de que este aumento del pago a los solicitantes de empleo sea permanente cuenta con el respaldo de la mayoría de la sociedad.
Sin embargo, el gobierno ha declarado que este aumento sólo debe ser temporal. La oposición Laborista apoya un aumento de la antigua tasa, pero aún no ha dicho por cuánto. La racista y populista senadora de Queensland, Pauline Hanson, ha ido más allá y ha exigido que los pagos por desempleo sean cortados a las personas que no encuentren un trabajo en dos años.
Los políticos derechistas y los intereses de la clase multimillonaria que representan también pueden tener su propia agenda de “no volver a la normalidad”. Pueden tratar de utilizar la crisis para impulsar medidas neoliberales aún más drásticas: más ataques a los servicios públicos, a los derechos de bienestar, a los salarios y condiciones, a los derechos de los trabajadores a organizarse y a los derechos civiles más amplios.
Se trata de un patrón global: organizaciones como el Asia Centre, con sede en Bangkok, han documentado el cierre del espacio democrático para la sociedad civil en la región. En Australia hemos visto ejemplos de esto, incluyendo la imposición de multas a los manifestantes. También hemos visto cambios en las leyes industriales que dan a los empleadores el derecho de reducir los salarios y las condiciones de los trabajadores.
El simple hecho es que los gobiernos -comprometidos dogmáticamente con las medidas neoliberales- se han visto obligados a apelar a la solidaridad social para combatir la pandemia y han demostrado que tienen la capacidad de aumentar el gasto social, especialmente en materia de salud pública. En cierta medida, esto ha aumentado las expectativas sociales, pero no será suficiente para que cualquier avance temporal se convierta en permanente.
La pandemia COVID-19 mantendrá al mundo en modo de crisis durante muchos meses, si no años, a menos y hasta que se desarrolle una vacuna efectiva.
En estas circunstancias, los gobiernos se verán obligados a tratar de fortalecer la salud pública. Estarán bajo la presión social del público en general para hacerlo, pero también de la clase multimillonaria, que se da cuenta de que no puede diezmar a los trabajadores que necesita si quiere mantener, por no hablar de crecer, su riqueza y su poder.
Existe la posibilidad de fomentar el respaldo popular a medidas sólidas de salud pública y otras medidas sociales para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia.
La crisis de COVID-19 también está cambiando los corazones y las mentes de un gran número de personas hacia soluciones ecosociales. Muchas más personas pueden apreciar ahora la posibilidad y la necesidad de liberar servicios esenciales como la salud, el transporte y la energía de las prioridades estrechas y egoístas de los ricos corporativos.
Por ejemplo, la crisis de la industria aeronáutica (que ahora exige enormes rescates y subsidios) plantea la siguiente pregunta: si el público va a rescatar a las aerolíneas privadas, ¿por qué no se puede utilizar este dinero para reestructurar los transportes interurbanos y pasar a una red de trenes rápidos más sostenible desde el punto de vista ecológico?
Más gente puede ver que pandemias como la de COVID-19 son el resultado de un sistema social en bancarrota que ha elevado el creciente enriquecimiento de la clase multimillonaria por encima de una forma sostenible y simbiótica de vivir con la Tierra.
Mientras el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus locos seguidores se dedican a una farsa de desplazamiento de la culpa, cada vez más gente atribuye la culpa a la codicia, rapaz y destructora de la naturaleza, de la agroindustria corporativa y al cambio climático.
Es poco probable que COVID-19 sea la última pandemia que sacuda la vida tal como la conocemos. Si nuestro sistema de salud pública tiene que soportar el peso de esta y futuras pandemias, ¿por qué deben continuar los derrochadores subsidios multimillonarios a los hospitales privados y a las compañías de seguros de salud privadas? ¿No se probará que este sistema de salud privado con fines de lucro es igual de inútil cuando nos golpee la próxima crisis ecológica?
¿No sería más prudente que los gobiernos gastaran los billones de dólares que ahora se destinan a subsidios públicos para volver a un nivel “normal” de explotación empresarial para, en cambio, abordar seriamente la emergencia climática y alcanzar la justicia social?
La Alianza Socialista y otros grupos progresistas de todo el mundo han presentado programas de acción -incluyendo versiones de nuevos acuerdos verdes progresistas- que buscan consolidar este sentimiento popular generado por la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, estos programas sólo pueden ganarse con el respaldo de movilizaciones políticas de masas sostenidas. Lo que se necesita urgentemente ahora es la organización sistemática del apoyo de los sindicatos y movimientos sociales a estos programas, y la movilización en torno a ellos. Si no empezamos a organizarnos, empezaremos a agonizar, mientras la clase multimillonaria utiliza esta crisis para aumentar su propio poder y privilegios.
Sobre Peter Boyle
Peter Boyle es miembro del ejecutivo nacional de la Alianza Socialista.
Traducido por Brian M. Napoletano, 12 de mayo de 2020.
Según la Wikipedia, la alianza de centro-derecha de los partidos políticos que constituyen uno de los dos principales bloques políticos de Australia se denomina comúnmente Coalición Nacional-Liberal, o simplemente la Coalición. (N. del T.) ↑
JobSeeker es un programa federal australiano que proporciona asistencia financiera a los residentes desempleados que, según el sitio web, deben “buscar trabajo o realizar actividades que [les] ayuden a encontrar trabajo” mientras reciben los pagos. (N. del T.) ↑
