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Crisis de la COVID-19: confluencia de virus en América Latina

por Claudio Katz[1], publicado originalmente en Viento Sur, 16 de mayo de 2020

I.

La pandemia ya provocó en América Latina un drama mayúsculo en tres países (Brasil, Ecuador y Perú) y escenarios de gran peligro en otro grupo de naciones. El cuadro de situación cambia día a día y nadie sabe cuál será el impacto final de la infección. Hasta ahora el porcentual de fallecidos es inferior a Europa y Estados Unidos, pero la oleada de contagios no alcanzó su pico.[2]

Como el coronavirus llegó más tarde, todos los gobiernos tuvieron cierto tiempo para implementar el distanciamiento social requerido para aplanar la curva de contagios. Esa medida fue rechazada o adoptada en forma tardía por los países que concentran el grueso de las víctimas.[3]

Variantes del negacionismo

Bolsonaro es el responsable de una tasa explosiva de infectados y un ritmo desgarrador de muertes. Los contendores sustituyen a las morgues, las fosas comunes reemplazan a los cementerios y los aviones transportan ataúdes. En algunos sanatorios rige un protocolo para definir quién será sacrificado en la asignación de los escasos respiradores.

Este dantesco escenario es un efecto directo de la ausencia de prevención. Las escasas medidas de protección sanitaria fueron instrumentadas en forma caótica por los gobernadores. Bolsonaro mantiene la política criminal que Trump y Johnson debieron abandonar. Prioriza los negocios a la vida humana y minimiza la «gripecita», mientras propicia actividades masivas e incentiva el funcionamiento corriente de la economía. Actúa como un psicópata en la presidencia que sonríe durante los paseos acuáticos, en medio del luto nacional imperante por el récord de 10.000 muertos.

Ecuador ha sido testigo de una crueldad equivalente. Guayaquil concentra el mayor número de casos per cápita de la región, con fallecidos recogidos en sus domicilios sin ninguna atención hospitalaria. Muchos cadáveres permanecieron en las calles hasta que la alcaldía habilitó una fosa común. Ni siquiera funcionaron los crematorios que cobran altas sumas por la recepción de los cuerpos. Lenin Moreno oculta la magnitud de las víctimas fatales y compite con Bolsonaro en su indiferencia ante la muerte.

En Perú el torrente de fallecidos aumenta en forma vertiginosa, a pesar de los controles y la inversión en reactivos. La incapacidad para implementar el distanciamiento social ha confirmado el rol insuficiente de los testeos. Un sistema sanitario desmantelado por años de maltrato neoliberal ha quedado desbordado por la masa de los contagiados.

Otras variantes negacionistas han descollado en el plano retórico. El ministro de salud de Chile convocó a desconocer las cuarentenas y su par de Bolivia se opuso a las campañas de prevención. Los gobiernos derechistas -que finalmente implementaron en forma parcial el confinamiento bajo la presión de las provincias o los municipios- intentan relajar o anular esa restricción. Colombia es un ejemplo de esa aplicación a regañadientes y en cuentagotas de la cuarentena.

El alto número de testeos y la baja mortalidad inicial en Chile contrastan con la gran aceleración de los contagios y el potencial desborde del sistema hospitalario. Piñera no puede desentenderse como Bolsonaro de la pandemia. Bajo el impacto de una gran rebelión popular debe simular preocupación por el avance de la infección.

Otras respuestas

Varios gobiernos de la región adoptaron medidas de protección sanitaria. En Argentina se introdujo una cuarentena muy estricta y temprana para preparar los circuitos sanitarios, bajo un inédito comando de los epidemiólogos. Estas medidas han permitido controlar hasta ahora la tasa de contagios, el número de fallecidos y las camas disponibles. En estos tres indicadores se verifica una abismal distancia con las cifras de Brasil, Ecuador o Perú.

Pero el peligro persiste en las zonas más vulnerables de los suburbios, las cárceles y los geriátricos. Además, la proporción de personal de salud infectado se ubica en un tope internacional y el número de testeos es muy bajo.

Cuba ofrece otro modelo de protección, basado en un sólido sistema sanitario. La población está preparada para lidiar con catástrofes periódicas (como los huracanes) y afronta la pandemia con una cuarentena parcial y normas específicas de atención de la enorme población adulta.

El sistema de salud público e igualitario de la isla permite ajustar los dispositivos, en un escenario económico muy deteriorado por el desplome del turismo y la retracción de las divisas. Estos logros son silenciados por los grandes medios de comunicación, que siempre elogian algún caso significativo (ahora Costa Rica) para ignorar los méritos de Cuba.

También llama la atención la rápida reacción del gobierno venezolano frente a la pandemia, en un contexto económico-social durísimo. Se ha logrado mantener aplanada la curva de contagios, mediante un método de control domiciliario y telefónico. El gobierno utiliza la gran estructura de organismos populares (misiones, CLAPS) y el asesoramiento médico cubano. Ha conseguido un alivio, en el dramático escenario del bloqueo, la agresión externa, la dolarización informal de los altos ingresos y la asistencia social al grueso de la población. El país bombea un tercio del petróleo extraído en el pasado, en un marco de virulenta desvalorización de su principal producto de exportación.

En México la tasa de contagios y fallecidos se intensifica en un marco contradictorio. Las confusas declaraciones presidenciales al comienzo de la pandemia fueron seguidas por medidas de cuidado y vigilancia epidemiológica, pero sin cuarentena general. Se puso en práctica un sistema de testeo, alerta temprana y centralización del sistema sanitario. El gobierno explicita sus críticas a la destrucción neoliberal de la salud pública y a la mercantilización de un sistema que desatendió las enfermedades crónicas.

Existe además un foco de potencial contagio en las maquilas, que si no es contenido podría convertir a las ciudades fronterizas en la Lombardía de México. La decisión de proteger la vida de los operarios será puesta a prueba, frente a la presión estadounidense para forzar un retorno anticipado al trabajo en ese sector.

Nicaragua plantea un enigma. Allí no rige la cuarentena, ni los barbijos, ni los testeos. Tampoco se han aplicado políticas de distanciamiento social. El gobierno convoca a concentraciones masivas, propicia las actividades festivas y mantiene abiertas las fronteras. Además, un presidente ausente propone la lectura de la Biblia para lidiar con la pandemia, omitiendo todas las recomendaciones de los epidemiólogos. En ese escenario el número oficial de fallecidos es llamativamente bajo. Seguramente se podrá dilucidar en poco tiempo esa anomalía.

Muchos factores inciden en los distintos casos en la evolución general de la infección, pero las políticas de abandono o protección de la salud agravan o atenúan los contagios. La conducta de cada gobierno es determinante de esas consecuencias.

Indefensión por la dependencia

Como la demografía determina cursos muy variados hay que ser cuidadoso en las comparaciones con otras regiones. Al igual que en Medio Oriente o África, no se sabe aún si en América Latina la oleada más fuerte de coronavirus se ha demorado o pasará de largo.

La misma cautela se impone en los contrastes entre países. La desconexión con el exterior o las dificultades del transporte interno (resultantes del propio subdesarrollo) suelen actuar como barreras al movimiento de las personas infectadas. Algunos especialistas consideran, además, que la preexistencia de otras epidemias puede contrarrestar la expansión de las nuevas.

Lo único seguro es el atroz efecto de la pandemia, si alcanza en América Latina la magnitud observada en el hemisferio norte. La elevada urbanización de la región es sinónimo de pobreza, subalimentación y viviendas sin agua corriente. El hacinamiento y la dificultad para lavarse las manos impiden cumplir los requisitos básicos del distanciamiento social. En tres áreas críticas de la cuarentena -geriátricos, cárceles y femicidos- ya hay anticipos explosivos. La emergencia sanitaria empalma, además, con otras infecciones de gran impacto como el dengue.

El desamparo de América Latina salta a la vista en la magnitud de la brecha sanitaria. La inversión per cápita en salud no llega al 10% del gasto promedio en las economías avanzadas. Mientras que la OMS recomienda destinar el 6 % del PBI a la atención sanitaria, lamedia regional se ubica en 2,2 %. Las 8 camas de hospital por cada mil habitantes que propicia el organismo oscilan entre 0,3 y 2,2 en el país más poblado (Brasil).[4]

Estas carencias de larga data fueron agravadas por el desmantelamiento neoliberal de la salud pública. El abandono del principio de universalidad ha derivado en estructuras privadas de calidad para una minoría, en medio del generalizado colapso del sector público.

El deterioro en ese ámbito es monumental. No sólo faltan camas y respiradores para la emergencia, sino que los propios testeos han sido muy reducidos. Todos los países afrontan dificultades para importar los buscados reactivos, que los estados solventan luego de un ensayo de comercialización privada a altísimos precios.[5]

La indefensión latinoamericana frente a la pandemia es un resultado de varias décadas de neoliberalismo, precedidas de una larga trayectoria de capitalismo dependiente. Esa condición impide erigir diques efectivos contra el contagio. La misma fragilidad se ha verificado frente a otras calamidades naturales. Cada terremoto, inundación o sequía provoca desastres humanitarios, en una región que ingresó al mercado mundial bajo la sombra de una infección mortal. La viruela introducida por los conquistadores europeos diezmó en muchas zonas al 70% de la población originaria.

El coronavirus ha puesto de relieve no sólo el inconmensurable desamparo que prevalece en comparación a las economías centrales. El contraste es también significativo con los países asiáticos. Se ha verificado una distancia sideral con Corea o Singapur en el manejo de reactivos, respiradores, hospitales o mecanismos informáticos de seguimiento de los contagiados. La pandemia ha retratado en forma dramática, el lugar que actualmente ocupa cada país en la división global del trabajo.

La propia geografía del virus confirma esas diferencias. La infección irrumpió en Asia que opera como el taller del mundo y concentra todas las tensiones contemporáneas de la urbanización, la globalización y la industrialización agropecuaria. América Latina ha sido receptora de los contagios, en su condición de región agobiada por la desposesión, el extractivismo y el drenaje de la renta. Soporta una calamidad externa y exhibe poca capacidad para lidiar con esa adversidad.

Otra escala de la crisis

Los pronósticos de derrumbe económico regional son aterradores. La CEPAL ya había modificado su previsión de una leve mejora del PBI en el 2020 (1,3%) a una contracción (1,8%) y ahora proyecta un desplome del 5,3%. Estimaciones muy semejantes de la debacle difunden el Banco Mundial (4,6%) y el FMI (5,2%).[6]

Esas cifras son equivalentes al derrumbe padecido durante la depresión de 1930 (5%) o en la Primera Guerra Mundial (4,9%). La magnitud de la regresión se verifica también en la comparación con la caída del 2009 (2%).

La gravedad de la crisis deriva de cuatro adversidades convergentes. Los precios de las materias primas se desploman, China frenará las compras de productos básicos, habrá escasez de divisas por la retracción conjunta del turismo y las remesas y el deterioro de las cadenas globales de valor afectará al enlace centroamericano.

El efecto social de esa tormenta ya se vislumbra en la previsible destrucción de 31 millones de empleos. La pesadilla de la pandemia para los trabajadores informales persistirá por la creciente pobreza que sucederá al aislamiento.

Una diferencia significativa con la crisis del 2009 es la abrupta reducción de la capacidad de endeudamiento regional. Todos los países cargan con los efectos del significativo incremento de la deuda pública, que en la última década saltó del 40% al 62%.del PBI. El costo relativo de la financiación se acentúa y circulan numerosas previsiones de un default generalizado.

Argentina afronta esa potencial cesación de pagos desde el año pasado. Ha forzado la prórroga de todos los vencimientos en moneda local, intenta postergar obligaciones con su principal acreedor (FMI) y discute con los acreedores privados un canje de títulos con quitas y exenciones en las erogaciones inmediatas.

La quiebra de las finanzas ecuatorianas es muy semejante. Su economía sobrevive con el respirador que administran los acreedores, mediante un continuado pago de intereses para refinanciar los vencimientos, que agiganta el pasivo y contrae las reservas.

En otros países predomina el efímero alivio generado por la renovación del endeudamiento. Pero la crisis actual ha desatado una acelerada emigración de capitales, que vacía por una ventanilla las divisas ingresadas por otros circuitos. Varias economías latinoamericanas forman parte del pelotón de los emergentes que sufre esa dramática salida de fondos. Ese drenaje en el mundo ya alcanzó un monto que quintuplica las expatriaciones registradas en el 2009 (100.000 millones de dólares).

Ese turbulento contexto explica el creciente clamor por la condonación de la deuda latinoamericana. La petición no se limita al Papa Francisco y a un espectro de economistas consagrados. El propio FMI afloja el financiamiento general, anticipando una eventual escalada de cesaciones de pagos. La moratoria que dispuso el G 20 para los 76 países ultra-empobrecidos es irrisoria, pero expresa el mismo temor.

Tal como ocurre a escala global, el coronavirus detonó en América Latina una crisis precedente. Los últimos siete años de bajo crecimiento anticiparon la presencia de otra década perdida y la pandemia ha precipitado la eclosión de los desequilibrios acumulados en varios frentes. En las finanzas impera una asfixia de pagos, en el comercio aumenta el desbalance, en la producción se confirman las carencias para proveer insumos sanitarios y todos los mercados internos sufren agudas contracciones. El coronavirus ha desencadenado otra típica crisis del capitalismo dependiente.

Agresiones y rescates

Las clases capitalistas utilizan la pandemia para multiplicar sus agresiones contra los trabajadores. Cuentan con el sostén explícito de los gobiernos derechistas y aprovechan la pasividad de los mandatarios de otro signo.

En Brasil se han dispuesto suspensiones, reducciones de salarios y anulaciones de contratos. En Perú se autorizan licenciamientos sin compensaciones y en Ecuador despunta una mayor flexibilización laboral con despidos en la administración pública. En Chile resucitaron una ley que desprotege a los asalariados y en Costa Rica se concertaron acuerdos para reducir el salario a la mitad. En Panamá el gobierno habilitó a los empleadores para cancelar los contratos laborales vigentes.

Algunos cínicos neoliberales afirman que esa contracción de los ingresos populares proveerá al fisco el dinero requerido para los gastos en salud. Recurren a cálculos arbitrarios para describir cómo la ausencia de austeridad estatal privó a los países de esos recursos.[7]

Con ese razonamiento contra-fáctico divulgan estimaciones que no resisten la menor evaluación. Nadie sabe lo que hubiera ocurrido con otro manejo del gasto público, pero salta a la vista que el fanatismo neoliberal demolió un hospital tras otro.

En el campo opuesto los gobiernos enemistados con la derecha han intentado una gestión más equilibrada, disponiendo limitaciones a los atropellos capitalistas. En Argentina se anunció la prohibición de los despidos, pero sin ninguna acción para impedir las cesantías. En los hechos ha imperado la convalidación oficial de la pérdida de empleos o el apañamiento de las empresas que desacatan las normas. El chantaje patronal ya forzó un duro compromiso de reducción de los haberes.

Como ya ocurrió en todas las crisis precedentes ha reaparecido el protagonismo de los estados en el sostén de la economía. Frente a ese dato los neoliberales cajonean sus doctrinas de inutilidad del sector público o invariable reinado del mercado.

El socorro estatal en América Latina es muy inferior al prevaleciente en las economías centrales. Una estimación destaca que los auxilios fiscales promedian el 10% del PBI en Estados Unidos, el 14,5% en Alemania y casi el 20% en Japón. Pero sólo oscilan entre el 0,7% y el 3,5% en Argentina, Brasil y México.[8] Otro cálculo considera que los paquetes dispuestos en los países metropolitanos rondan el 16,3% del PBI y apenas el 4,1% en América Latina.[9]

En el marco de esa brecha la magnitud de los auxilios nacionales es muy variada. Chile, Perú o Colombia habrían lanzado planes más ambiciosos que Argentina, Bolivia o Ecuador, pero las cifras en danza son muy controvertidas. Las mediciones del programa fiscal argentino, por ejemplo, oscilan entre el 1% al 7% del PBI, confirmando que sólo dentro de algún tiempo se podrá contar con evaluaciones más nítidas.

Mucho más cristalina es la interpretación cualitativa del destino de los rescates. Todos los planes socorren a cuatro actores: los empresarios, los asalariados, la clase media y los precarizados. El sostén de las firmas se consuma a través de los bancos, que intermedian en la implementación de los auxilios estatales. Esa mediación introduce un filtro de calificación de los subsidios que obstruye, demora e incluso bloquea la llegada del crédito público. Los bancos están acostumbrados al negocio financiero de corto plazo (especialmente con títulos públicos) y no asumen riesgos en la emergencia actual.

A fin de evitar el cierre o la quiebra de las firmas, el estado se hace cargo también del pago parcial de los salarios, en función del tamaño y el grado de afectación de las empresas por la cuarentena. Para la clase media se han dispuesto alivios de erogaciones (alquileres, hipotecas, servicios) y créditos a bajas tasas de interés. Los planes asistenciales se han multiplicado, para proveer algún recurso a los pauperizados que perdieron abruptamente sus ingresos.

Pero aún se desconoce cómo se distribuyen los montos en circulación entre los cuatro destinos en juego. No se sabe qué porcentual subvenciona directamente a los capitalistas y qué porción recibe la población. No hay muchos estudios precisos sobre esa decisiva distinción. Una primera evaluación comparativa -que diferencia recursos con o sin contraprestación (deudas versus ayudas sociales)- estima que el plan argentino ofrece menos socorros a los empresarios que su contraparte brasileña. Pero ensaya una estimación muy provisional.[10]

En países como México -que arrastran la traumática experiencia de paquetes fiscales que enriquecieron a los capitalistas (Fobaproa-1995)- existe especial preocupación por evitar la repetición de esa estafa.

Otro problema a dirimir es el financiamiento de los rescates. Como en todos los países el freno de la economía ha desplomado la recaudación, se discute acaloradamente el sostén de los nuevos paquetes con emisión, endeudamiento o impuestos. Los neoliberales convocan a tomar préstamos, resaltando las bajas tasas de interés imperantes en el mundo. Perú, Colombia y Brasil ya optaron por ese camino. Pero son evidentes los enormes riesgos de esa captación crediticia en plena fuga de capitales.

En países como Argentina -que tienen cerrado el acceso al crédito internacional- se debate otra alternativa: un impuesto a las grandes fortunas. Ese tributo permitiría obtener los fondos requeridos para la emergencia (3800 millones de dólares), mediante una afectación mínima del patrimonio de 15 mil acaudalados.

La iniciativa ha desatado una feroz campaña de oposición derechista, que denuncia el carácter «inconstitucional», «inédito» y «gravoso» de un tributo que cuenta con incontables antecedentes locales e internacionales. La pandemia no conmueve a los millonarios que privilegian sus fortunas al drama de la población.

Ese impuesto no representa ninguna carga significativa para los dueños de Argentina, que tributan muy poco y evaden cifras monumentales. Suelen ocultan en el exterior las tres cuartas partes de sus patrimonios por sumas equivalentes a todo el PBI del país.

Los poderosos exaltan el modelo chileno de donaciones. Ponderan el gesto filantrópico del principal grupo empresario (Luksic) que donó un millón de mascarillas. Suponen que esa insignificante migaja bastará para enmascarar la permisividad impositiva, ante las 119 familias que en ese país detentan fortunas superiores a cien millones de dólares.

El sentido de los auxilios

Los gobiernos han repetido la misma receta de intervención del 2009. En las economías centrales, esa política de generación de liquidez (quantitave easing) permitió salvar a los bancos de un inminente quebranto. Luego de proteger la gestación de ganancias privadas, los estados generalizaron la socialización de las pérdidas a través del gasto público. El mismo rescate en la actualidad involucra en mayor medida a las empresas y a la población que a los bancos.

La pandemia impone una paralización productiva que contrae los ingresos corrientes y desencadena cortocircuitos en las cadenas de pagos. Los estados intentan contener con subvenciones la bancarrota que sucedería a ese freno del nivel de actividad. Pero el socorro presenta más parecidos con las políticas contra-cíclicas de entre-guerra, que con el sostén de los bancos durante el 2008-09.

Muchos analistas destacan las analogías actuales con la economía de guerra. La similitud se verifica en la ruptura del circuito económico, la fuerte presencia de los ministerios y el direccionamiento del gasto. Pero la gran diferencia radica en la ausencia de un propósito destructivo. En las conflagraciones se demuelen recursos productivos y humanos y en la pandemia se intenta resguardarlos.

En lugar de organizar bombardeos, asaltos y capturas se busca descubrir una vacuna que neutralice la infección. Las empresas privilegiadas son laboratorios y no contratistas de pertrechos. Por esas razones, la crisis en curso genera desvalorizaciones masivas de capitales (valor de cambio), pero no necesariamente destrucciones físicas de las empresas (valor de uso).

En la crisis actual los estados intervienen regulando la oferta. La enorme suma de fondos inyectada en la economía no tiene contrapartida en depósitos, reservas o activos de la misma envergadura. Esos montos representan un adelanto de los impuestos futuros. Expresan lo que el sector público recaudaría a partir de las ganancias, rentas y salarios surgidos de esa recuperación.

De esas tres fuentes emergería la compensación de la monumental erogación actual. Ese adelanto presupone que la reactivación futura permitirá reingresar los fondos ya anticipados por la Tesorería. Pero si esa recuperación no se concreta en el lapso esperado, la marea de desvalorizaciones impactará sobre los créditos y las monedas emitidos por los estados.

Esta conceptualización del rescate permite contextualizar el debate en curso entre monetaristas y heterodoxos, sobre los peligros inflacionarios de la emisión actual. Lo ocurrido en el 2009 ya ilustró cómo opera una enorme expansión de la liquidez sin consecuencias inflacionarias. Esa experiencia podría extenderse al inminente marco de fuerte recesión y consiguiente presión deflacionaria.

La traslación de esos parámetros a América Latina no es automática y las consecuencias inflacionarias serían muy distintas para países que soportan (Argentina, Venezuela) o no padecen esa tensión (Brasil, Chile). Pero en todos los casos, el impacto del enorme gasto público sobre los precios está momentáneamente compensado por la gravedad de la depresión en ciernes.

Por esta razón la heterodoxia refuta acertadamente los fantasmas inflacionarios, que el monetarismo despliega para exigir ajustes. Este debate es muy semejante en Argentina, Brasil y México. Pero también es cierto que la eficacia contra-cíclica del gasto público estará condicionada por la duración e intensidad de la recesión.

El trasfondo de esos debates es el modelo económico en gestación para el escenario pos-pandemia. Los neoliberales trabajan para perfeccionar el esquema de apertura comercial, flexibilización laboral y privatizaciones, con algunos ingredientes de mayor estatismo. El neo-desarrollismo conservador propicia correcciones al mismo curso, mediante regulaciones comerciales y financieras. El social-desarrollismo alienta en cambio un giro radical basado en la redistribución del ingreso. La factibilidad de cada opción dependerá del resultado de grandes conflictos políticos que se avecinan.

Resumen

El hacinamiento y la pobreza pueden transformar a la pandemia en una tragedia mayúscula. El desamparo sanitario es dramático en comparación a los países más afectados por la infección y el negacionismo criminal multiplica los fallecidos. Los gobiernos derechistas priorizan los negocios y retacean las cuarentenas, en contraposición a las administraciones que privilegian la protección de la ciudadanía.

El coronavirus ha desencadenado otra crisis del capitalismo dependiente y la escala prevista de esa convulsión es aterradora. La agresión contra los salarios y el empleo coexiste con rescates que privilegian el socorro a los empresarios. La viabilidad de esos auxilios dependerá de la duración de la recesión y sus modalidades prefiguran distintos cursos de la economía luego de la pandemia.

II.

La pandemia reordena el contexto regional de los gobiernos reaccionarios, progresistas y radicales. También modifica el marco de las rebeliones populares que desafían la restauración conservadora.

Todos los mandatarios derechistas utilizan la cuarentena para militarizar sus gestiones. Han generalizado el estado de excepción y el protagonismo de las fuerzas armadas. En Colombia hay toque de queda y asesinatos de líderes sociales en sus propios hogares. En Perú se instauró una ley de gatillo fácil, que exime a los gendarmes de responsabilidades en el uso de sus armas. Pueden vulnerar con total impunidad el principio de proporcionalidad en sus respuestas represivas.

En Chile se ha postergado el plebiscito y aumenta el uso de un garrote, que ya provocó 45 asesinatos, centenares de heridos, miles de detenidos y 545 casos de pérdida parcial o total de la visión. También en Bolivia se pospusieron las elecciones e impera un gobierno pro-dictatorial, que intenta impedir con las botas el retorno de Evo. En Ecuador rige la misma brutalidad y una descarada manipulación de la justicia contra los opositores. En El Salvador el autoritarismo sanitario ha coronado la irrupción de los soldados en el parlamento y en Guatemala la cuarentena funciona en contubernio con el crimen organizado.

El descaro neoliberal

Los derechistas despliegan todos los argumentos del negacionismo. Suelen exigir el fin de cualquier cuarentena subrayando su efecto demoledor sobre la economía. Con sorpresiva preocupación por los humildes, describen cómo las reglas sanitarias frenan el nivel de actividad afectando a los pobres. Pero omiten que la ausencia de esa paralización convertiría a los desamparados en las principales víctimas de la infección. Lo ocurrido en Europa y Estados Unidos ha corroborado ese impacto social diferenciado del coronavirus.

Los voceros del capital también señalan que la región carece de recursos, para implementar el freno de la economía que dispusieron algunos países de Europa.[11]

Pero registrando justamente esa limitación, los gobiernos que protegen la salud pública han impulsado un aislamiento social más estricto.

La contraposición entre salud y economía que difunden los derechistas es totalmente falsa. Frente a una pandemia los cursos de resguardo deben ser definidos por los sanitaristas. A los economistas sólo les corresponde evaluar opciones de cumplimiento de esas reglas. No existe una pugna de primacías entre ambas disciplinas.

En el caso de Argentina, muchos exponentes del gran empresariado valoran la centralidad oficial asignada a los epidemiólogos, pero cuestionan la falta de una presencia equivalente de los economistas. Ignoran que el consenso entre los sanitaristas para actuar en una pandemia, no se extiende a convergencias similares en el manejo de las crisis sociales. En este terreno hay visiones invariablemente contrapuestas, para dirimir cómo se reparten los costos de las medidas adoptadas para contener la infección.

Los negacionistas encubiertos levantan la voz contra el autoritarismo y el manejo estatal discrecional de la pandemia.[12] Exceptúan de esta crítica a los mandatarios neoliberales que reparten palos entre los pueblos y apuntan su dedo acusador contra el «populismo». Esa desventura es señalada como la invariable causa de todas las desgracias latinoamericanas.[13] Pero olvidan que el coronavirus se extendió especialmente en las administraciones neoliberales, como consecuencia del resguardo de las ganancias a costa de la salud pública. El fantasma del populismo no explica nada.

Tampoco es cierto que la pandemia disolvió las ideologías, imponiendo la vigencia de conductas pragmáticas entre mandatarios de distinto signo.[14] Si hubiera imperado esa equivalencia los resultados serían semejantes y no contrapuestos. Es evidente que Bolsonaro y Fernández o Lenin Moreno y Díaz Canel no transitan por el mismo sendero.

Algunos analistas resaltan la validez de la tesis pragmática, exhibiendo encuestas de aprobación indistinta a todos los gobiernos. Pero esos sondeos sólo aportan dudosas fotografías del momento. Además, la manipulación de la información socava la credibilidad de esas evaluaciones. Los grandes medios suelen desechar los informes que contrarían sus mensajes, con el mismo descaro que impugnan las cifras de la pandemia de los gobiernos hostilizados.

Indiferencia frente a la vida ajena

Los mensajes del neoliberalismo han asumido un inédito correlato de crueldad. El manifiesto que suscribieron todos los próceres regionales de la reacción sintetiza esa brutalidad.[15] Proclaman la primacía de la Bolsa frente a la vida humana (salvo la de ellos), exaltando las facetas más anti-humanistas de su credo. La prometida felicidad del consumo ahora ocupa un lugar secundario.

Esta nueva retórica es coherente con el comportamiento de la clase capitalista regional, que en los períodos de auge económico usufructúa de los subsidios del estado. En las crisis también reclama esas subvenciones, pero sin aportar ninguna contribución a la emergencia. Ese egoísmo retrata especialmente a las burguesías locales internacionalizadas, que se han distanciado por completo de sus precedentes nacionales.

La actitud adoptada por Techint ilustra esa conducta. Se transformó en la primera fortuna de Argentina lucrando con subsidios, privatizaciones y contratos y no dudó en disponer el masivo despido de operarios en medio de la cuarentena. Chantajeó a los trabajadores y al gobierno para imponer ese terrible atropello, que ha repetido en Guatemala, Colombia, Canadá, Brasil y Japón. La empresa fue directamente artífice del crimen social de Bérgamo, forzando la continuidad de labores en plena expansión del coronavirus. De esa forma actúan las multinacionales que se han autonomizado de los mercados internos, estableciendo sedes en ignotos paraísos fiscales.

Ciertamente la pandemia aportó una tabla de salvación a todos los gobiernos derechistas corroídos por las protestas del año pasado. Pero recuperaron la iniciativa en una coyuntura muy excepcional y les resultará difícil conservar el oxígeno logrado en esta crisis.

En muchos países la oposición ya recupera protagonismo (Ecuador, Colombia) y en otros la derecha ensaya andanadas, sin forjar proyectos o liderazgos (Argentina). La propia gestión de la pandemia exige un tipo de intervención estatal, ajeno al neoliberalismo mercantil que endiosan todos los reaccionarios. El gran test del futuro se procesa en Brasil.

Los perfiles del fascismo

Bolsonaro no se detiene ante la aterradora escalada de muertes que provoca su decisión de forzar la inmunización de la población ante el virus. Esa indiferencia retrata un experimento atroz, que ningún gobernante del capitalismo central finalmente se atrevió a ensayar en la práctica.

La alocada conducta y la lunática ideología del presidente brasileño ilustran su performance fascista. Mientras invoca a Dios y denuncia el «corona-comunismo», tantea la viabilidad de un golpe autoritario para disolver el Congreso. Multiplica las provocaciones tosiendo en público y exhibe una maldad que combina los delirios retóricos, con la agenda clásica de la derecha neoliberal.

La necro-política que implementa frente a la pandemia es una variante la violencia fascista. Sin recurrir a la acción paramilitar propicia la muerte de los desamparados. Pero frente a la adversidad de los escenarios que afronta, aún está lejos de consumar su proyecto troglodita.

Bolsonaro ha instalado un discurso criminal pero no monopoliza el poder político. Mantiene una base social muy insuficiente y la influencia de su camarilla sobre los militares es una incógnita. Por estas razones cabe la posibilidad de un amoldamiento de su gobierno al patrón conservador clásico. También puede prevalecer su desplazamiento, si se crea una situación de ingobernabilidad.

La salida de Moro ha ilustrado por el momento la ruptura de la coalición con el establishment político, judicial y mediático. No se sabe si el ejército arbitra, tutela o depende de Bolsonaro. Las fuerzas armadas comparten su estratégica alianza con Trump y lucran con todas las prebendas corporativas que ha introducido el desequilibrado ex capitán.

Algunos analistas estiman que Bolsonaro afianza su predominio, forzando renuncias, desafiando el impeachment y negociando con militares, que a diferencia del pasado carecen de un proyecto propio de gobierno. Además, se presenta ante los poderosos como el único freno al retorno de Lula, con capacidad para imponer en el Parlamento las leyes del ajuste.[16]

La biblioteca opuesta resalta la inédita turbulencia política que generan las fosas de muertos y la economía en picada. El desbocado presidente pierde aliados y acumula un récord de denuncias para su eventual destitución.[17] Si esas tensiones convergen con una reactivación de las protestas por abajo, el gran anhelo de «Fora Bolsonaro» podría convertirse en el nuevo dato de América Latina.

Variantes del progresismo

La pandemia ha definido parcialmente el cariz del gobierno de Fernández, al frente de una coalición de vertientes conservadoras y progresistas del peronismo. Las primeras medidas y las figuras incorporadas a su administración ya presagiaban la preeminencia de los sectores centroizquierda. Ese anticipo ha sido confirmado en el manejo de la pandemia.

El tipo de protección sanitaria impulsado por el oficialismo expresa una visión progresista, pero muy alejada de propósitos radicales. Por eso se gestiona el control de la infección mediante acuerdos con el poderoso sector privado de la medicina prepaga. Se negoció con esas empresas la continuidad del servicio sin subir las cuotas y con cierta centralización de los recursos de las clínicas.

La postura progresista se verifica en un discurso anti-negacionista, que choca con la exigencia de levantar la cuarentena. Ese planteo ha contribuido a crear una importante conciencia colectiva del peligro que entrañan los contagios. Se ha producido una sorprendente aceptación de las restricciones, en un país reacio al acatamiento de esas normas.

El gobierno ha manejado las reglas del encierro hogareño sin ninguna militarización. Es cierto que abundan las denuncias de apremios, abusos e incluso represiones de las fuerzas de seguridad. Pero a diferencia del grueso de la región, esos actos no se inscriben en un marco de estado de excepción o toque de queda.

El contraste con las administraciones derechistas es notorio en varios terrenos y las diferencias con Brasil son abismales. Nunca los dos vecinos estuvieron tan distanciados en la gestión de una misma crisis. Ambos países recibieron los primeros fallecimientos por coronavirus en la misma fecha y al cabo de dos meses, la divergencia de resultados es abrumadora.[18]

Pero la reinvención progresista de Fernández frente al coronavirus será corroborada o desmentida, en su conducta frente a una crisis económica de gran arrastre recesivo y potencial cesación de pagos. Hasta ahora transitó por un sendero contradictorio. Por un lado, propicia suspender los pagos de intereses de la deuda por tres años, promueve medidas de control local de los precios, demanda a los bancos la tramitación veloz de los socorros a las empresas y anticipa un impuesto a las grandes fortunas.

Por otra parte, mantiene el encadenamiento al FMI y al futuro endeudamiento mediante canjes de títulos. Además, no implementa el freno efectivo de la carestía, convalida la obstrucción bancaria de los auxilios crediticios, tolera los despidos y la caída del salario. Habrá que ver cómo concluye la propuesta de gravar a los acaudalados. Fernández suele decir que «prefiere un 10% más de pobres que 100 mil muertos», pero omite en esa ecuación a los ricos. Si los penaliza con impuestos significativos introducirá una variable que modificará el dilema presidencial.

La comparación con López Obrador permite evaluaciones ante otro referente de la centroizquierda latinoamericana. AMLO también transita por un camino intermedio, que lo enfrenta con la belicosa derecha mexicana. Pero mantiene buenas relaciones con Trump, elogia al ejército y negocia sin pausa con la gran burguesía.

Ha comandado una gestión más extensa que su par argentino, con magros resultados en la reducción de la violencia y la reactivación de la economía. Sostiene además cuestionados mega-proyectos de refinerías y transportes que afectan los tejidos sociales comunitarios.

Frente al coronavirus adoptó un curso de protección de la salud y ha ratificado que no despilfarrará los recursos públicos en el rescate de los grandes capitalistas. Pero López Obrador no evalúa la revisión de la deuda externa y tampoco la implantación de un tributo a las grandes fortunas. Ese gravamen es tan imprescindible en México como en Argentina, puesto que los diez principales potentados acumulan riquezas próximas a los 125 mil millones de dólares.[19] En un escenario económico que no presenta la gravedad de Argentina, AMLO ha optado por una variante más moderada del progresismo.

Defensa ejemplar y protagonismo solidario

La recuperación de Venezuela y la nueva centralidad de Cuba aportan los dos datos singulares del eje radicalizado en la crisis del coronavirus. El régimen bolivariano actuó con gran decisión para controlar la infección. Afronta la pandemia junto a bloqueos económicos y agresiones militares cotidianas. Esa batalla en dos frentes realza el logro de haber limitado los contagios. Ningún otro país debe implementar la cuarentena en medio de una gran movilización defensiva, contra los paramilitares que alberga Colombia y entrena el Pentágono.

En plena pandemia Venezuela debió disponer el toque de queda en dos provincias fronterizas para repeler el ingreso de bandas terroristas. Activó la preparación de los milicianos, repelió una provocación desde la costa y desarticuló una operación mercenaria de la CIA, que intentaba tomar el principal aeropuerto. El mayor éxito fue la captura de miembros de las fuerzas especiales estadounidenses, que conspiraban bajo la pantalla de la empresa contratista (Silvercorp).

Esa privatización de la agresión con el uso de mercenarios ilustra la abrumadora ilegitimidad de la incursión escuálida. Retoma las formas más primitivas del bandolerismo y la piratería. Al no poder implementar una invasión en regla Trump propicia ese tipo de incursiones. Pero ya comienza a experimentar la misma derrota, que sufrieron sus antecesores en Cuba (Bahía de los Cochinos) y Nicaragua (captura de aviadores espías).

La derrota de la operación mercenaria acentúa el aislamiento de Guaidó que firmó el contrato de invasión con los forajidos, prometiendo remunerar sus acciones criminales con petróleo. La división de la derecha se acrecienta, además, en medio de brutales disputas internas por el manejo de las dádivas que provee el Departamento de Estado.

Maduro está ratificando una actitud de resistencia que evita la repetición de lo ocurrido en Bolivia. También recupera autoridad regional, con la recepción de los migrantes que retornan del exilio. Los derechistas que denunciaban esa masiva expatriación, ahora silencian la salida forzada que padecen muchos venezolanos para volver a su país. Los gobiernos que utilizaron ese flujo migratorio para denigrar el proceso bolivariano han archivado sus campañas «humanitarias» y se desembarazan de una incómoda masa de extranjeros.

El repunte político de Venezuela empalma con el nuevo protagonismo de Cuba. En el perdurable centro de las transformaciones revolucionarias latinoamericanas se ha controlado la pandemia con pocos recursos. La isla continúa lidiando con un bloqueo, que recientemente impidió la llegada de una donación de reactivos y barbijos enviado por el empresario chino Jack Ma.

Pero lo más llamativo es el renovado papel internacional de país. No sólo se acrecienta la utilización de un conocido antiviral cubano para combatir la infección (Interferón Alfa 2B). La solidaridad es el rasgo dominante en un gobierno que atendió de inmediato a los primeros turistas contagiados en los cruceros.

El papel descollante de los médicos cubanos ha enervado a todos los reaccionarios. Bolsonaro, Lenin Moreno y Añez repatriaron a esos contingentes, a pesar de su insustituible papel en la contención de los desmadrados contagios. En Argentina irrumpió una disparatada campaña contra médicos extranjeros «que tienen poca formación» y actúan como «agentes de inteligencia». Este cúmulo de tonterías incluye descalificaciones profesionales y exóticas acusaciones de manejo estatal fraudulento de los honorarios.[20]

La ceguera anticomunista impide a los denunciantes registrar que la fama de los médicos cubanos, obedece a su especialidad en curaciones de campaña en riesgosos frentes sanitarios. Esa labor ha sido realizada en un centenar de países lidiando con el dengue, el cólera y los terremotos.

Basta comparar la función que cumplen estos brigadistas, con la nefasta acción desplegada por los partícipes de las «intervenciones humanitarias» que comanda Washington. Haití ofrece un nítido ejemplo de ese contraste. Mientras que los médicos cubanos socorren víctimas, los emisarios del imperialismo manipulan gobiernos, abortan elecciones, amparan la corrupción y han colocado a dos ONGs al frente del manejo actual de la pandemia.

En los últimos dos meses Cuba desplegó una extraordinaria labor de auxilio en Italia, Andorra, Jamaica, Venezuela, Nicaragua, Surinam, Belice y Granada y ha colaborado estrechamente en operativos dentro de China. Lo más impactante es su participación en socorros de países de alto desarrollo.[21]

La experiencia de estas brigadas para manejarse en escenarios de calamidades naturales suscita generalizados elogios. Su labor puede ser interpretada como una continuidad del proyecto internacionalista inicial de la revolución cubana. El legado de esa epopeya adopta un nuevo perfil en el escenario actual.

Mutaciones geopolíticas

El encierro de Estados Unidos frente a la pandemia ha profundizado el declive del sueño americano entre sus vecinos del Sur. Las clases dominantes de la región están desorientadas por el agudo pasaje del «América first» al «América alone». La sensación de abandono se ha intensificado frente cada improvisación de Trump.

La decisión de privar de fondos a la OMS en el pico de la infección ha sido particularmente impactante. La secretaría de CEPAL resumió ese desasosiego al proclamar que «no podemos contar con Estados Unidos», que «requisa material médico para cubrir sus propias necesidades» y «ha perdido todo sentido de comunidad».[22]

Los desubicados neoliberales desconocen este escenario, cuando propician el endeudamiento latinoamericano directo con la Reserva Federal, para afrontar la crisis en ciernes.[23] No registran la nueva reticencia del coloso del norte a retomar sus viejos auxilios.

El resentimiento de la región se acentúa, además, por la persecución que afrontan los indocumentados. Trump alienta ahora la expulsión de los inmigrantes contagiados, extendiendo a los latinos su furia contra China. Busca desesperadamente culpables de un virus que está devastando el sistema sanitario estadounidense.

El ataque a Venezuela sería la coronación de esa agresividad. Por eso despliega ridículas acusaciones de narcotráfico y ofrece 15 millones de dólares por la captura de los líderes chavistas. Pero una aventura bélica en regla es improbable en medio del uso de los portaaviones y las carpas de campaña para lidiar internamente con la infección. El ocupante de la Casa Blanca busca crear pánico con sus amenazas twiteras, pero sólo genera más repudios en toda geografía latinoamericana.

También la postura distante de la Unión Europea frente a las necesidades sanitarias de la región impacta en los grupos dominantes locales. Las viejas solidaridades frente a las catástrofes ya forman parte del pasado. Ahora prevalece el encierro del Viejo Continente en su propia y fallida batalla contra la pandemia. Las imágenes diarias de fallecidos en España han impacto en todo el universo iberoamericano. El fracasado manejo del coronavirus en ese país intensifica la erosión del padrinazgo peninsular sobre el Nuevo Mundo.

China ha quedado ubicada en la vereda opuesta. Los auxilios sanitarios consolidan su impresionante avance en la región. Salta la vista el contraste de actitudes con Estados Unidos y Europa. En lugar de emitir insultos o exhibir indiferencia, el gigante asiático ha ofrecido socorros. Hasta el propio Bolsonaro afronta problemas para consumar su sometimiento a Trump, ante la creciente influencia de China en los negocios de Brasil.

La gravitación de la nueva potencia en la crisis del coronavirus también confirma que China no es un simple jugador del «Sur Global». Forma parte del selecto club de grandes colosos que definen la geopolítica mundial. La postura frente a la crítica situación que se avecina en el endeudamiento latinoamericano clarificará su posicionamiento real frente la región. La solidaridad coyuntural frente la pandemia puede quedar ratificada o anulada en esa estratégica definición.

Como cualquier pronóstico es muy prematuro, conviene evaluar con sobriedad las futuras relaciones sino-latinoamericanas. En lugar de emitir ingenuos elogios o recurrir a fantasmales prevenciones, corresponde recordar la imperiosa sociedad con China que necesita la región, para lidiar con el tradicional dominador estadounidense.

Pero los distintos replanteos afrontan el enorme vacío geopolítico creado por la pandemia. Los alineamientos derechistas están enmudecidos. El desorden que impera en Washington ha dejado sin brújula a sus peones de la OEA y el Grupo de Lima. También las alternativas forjadas en la década pasada están desarticuladas y en medio de una crisis monumental la CELAC y UNASUR no funcionan. El interregno del coronavirus ha creado un provisorio paréntesis en el ajedrez político regional.

Resistencias y convergencias

La lucha social ha quedado muy afectada por el encierro impuesto con la pandemia. La imposibilidad de movilizaciones callejeras interrumpe la continuidad de las grandes protestas que emergieron durante el año pasado. Pocos días antes de la cuarentena, la conmemoración del día de la mujer suscitó enormes manifestaciones, en las principales ciudades de América Latina. La reclusión hogareña corta una secuencia, que debería recomenzar cuando finalice el peligro de los contagios.

Ese reinició afrontará un contexto económico-social terrible. Los anticipos de esas acciones populares ya se avizoran, en los movimientos que han mantenido activos los cacerolazos (Brasil) y el clamor vecinal (Bolivia, Colombia).

Las demandas más acuciantes involucran la protección sanitaria. Pero también crecen las exigencias frente a las distintas situaciones de imposible cumplimiento de la cuarentena. El llamado a «quedarse en la casa» no funciona en viviendas precarias, con heladas en invierno y sofocaciones en verano. Allí gana espacio la auto-organización, para implementar el aislamiento comunitario («quedarse en el barrio»).

Las demandas de salarios compensatorios y alimentación son igualmente dominantes en varios países (Haití, Colombia o Bolivia). En todas partes las modalidades tradicionales de la huelga han quedado obstruidas y otro tipo de protestas informales se hacen oír. Un primer paro de repartidores de comida contra la precarización laboral y la falta de seguridad sanitaria despuntó en Argentina y tuvo eco en otros seis países. Los jóvenes bicicleteros promueven importantes iniciativas de organización sindical.

El eje democrático ocupa también un lugar central en la resistencia contra los gobiernos que militarizan su gestión. La organización de la batalla colectiva contra estos atropellos empalma con el gran espíritu de solidaridad que ha emergido frente a la infección. Son incontables las iniciativas de voluntarios que se anotan para ayudar a los enfermos, contagiados y adultos mayores. Esa oleada ilustra una creciente disposición a la acción colectiva.

Este escenario ha creado muchos terrenos para la convergencia de corrientes de izquierda con propuestas semejantes. Todas coinciden en fortalecer los sistemas de salud pública a escala nacional y en batallar a nivel global contra la mercantilización de los medicamentos, anulando los regímenes de propiedad intelectual.

La defensa de los derechos sociales se ubica al tope de esta agenda con exigencias de pago íntegro del salario, prohibición de los despidos e instauración de un ingreso universal garantizado. La cuarentena actualiza, a su vez, la demanda de alimentación suficiente y saludable, mediante la jerarquización de la agricultura cooperativa. La vivienda digna con servicios básicos garantizados se ha tornado tan imprescindible, como la suspensión de los desalojos y las moratorias de deudas a las familias asfixiadas por los pasivos.

Como todos los países necesitan financiar los gigantescos gastos públicos que exige la paralización de la economía, se ha tornado insoslayable la suspensión del pago de la deuda externa y su auditoria. Ante el desmoronamiento de la recaudación se impone la introducción de los impuestos a las grandes fortunas, con el modelo de una «tasa Covid» ya debatida en varios países.[24]

La defensa de los derechos democráticos exige el uso de mecanismos de prevención y no de represión. Es urgente la protección de los líderes y militantes perseguidos y la implementación de medidas efectivas para contener la violencia machista. Las cuarentenas han incrementado en forma exponencial la desprotección doméstica de las mujeres amenazadas.

Finalmente el rechazo de las provocaciones y los embargos imperiales contra Cuba y Venezuela es tan decisivo, como el sostén de la ayuda humanitaria internacionalista. Las coincidencias de toda la izquierda en estos programas facilitan las respuestas colectivas, pero no diluyen las controversias en curso.

Cuatro debates

Para revertir la asfixia del endeudamiento externo hay varias propuestas de condonación del pasivo con los organismos multilaterales y negociación de moras o quitas con los acreedores privados. Estas alternativas permitirían un respiro en los pagos del tributo, pero no eliminarían la continuidad ulterior de la carga. Esa eternización de las transferencias a los banqueros mantendría el grillete financiero, que impide el desenvolvimiento con igualdad de la economía latinoamericana.

Por esa razón es más acertado demandar la suspensión inmediata de los pagos y la auditoria de todos los pasivos, situando en un mismo plano los compromisos con los bonistas privados y los organismos multilaterales. No existe ninguna justificación para disponer quitas en un caso y condonaciones en el otro. Esa distinción legitima un segmento del pasivo con idénticas sospechas de fraude que la otra porción.

Los reclamos de investigación de la deuda contradicen especialmente la convalidación de las acreencias con el FMI. Este organismo adoptó últimamente un disfraz de institución bondadosa, para desactivar los cuestionamientos a su conocido rol artífice del sufrimiento popular. Es una ingenuidad contribuir a esa mascarada, abriendo el camino para el próximo retorno del Fondo a su habitual papel de auditor del ajuste.

La segunda discusión involucra la forma de implementar los programas. Como la protección frente a la pandemia ha ratificado el rol protagónico de todos los estados frente a cualquier emergencia, las estrategias políticas que propugnan soslayar esa centralidad estatal afrontan renovados problemas.

Algunos partidarios de esa orientación describen cómo la crisis del coronavirus ha confirmado la necesidad de forjar el «buen vivir» y recuperar la armonía con la naturaleza. Pero no definen cuáles son los instrumentos políticos para alcanzar esos objetivos. La pandemia ha demostrado la insuficiencia de los senderos meramente cooperativistas. Sin protagonismo del estado no serían factibles las cuarentenas y los auxilios de la salud pública. Muchos teóricos autonomistas eluden esta conclusión o la aceptan en forma implícita sin conceptualizarla.

En la coyuntura actual esa divergencia contrapone el fomento de resistencias centradas exclusivamente en la auto-organización popular, con las estrategias que privilegian también las demandas al estado (salarios, impuestos, deuda). Sólo este segundo camino permite construir alternativas políticas significativas.

El tercer debate gira en torno a las modalidades de lucha en el nuevo escenario de militarización. En muchos países la pandemia es el pretexto utilizado por la restauración conservadora para instaurar gobiernos cuasi-dictatoriales. La resistencia a semejante autoritarismo exige superar el horizonte meramente electoral.

La batalla contra el totalitarismo de Añez, la represión de Piñera, el fascismo de Bolsonaro o las agresiones de Lenin Moreno no será eficaz, si queda atada a las anteojeras institucionales, que habitualmente guían la política del progresismo.

Esa corriente mistifica las reglas formales del republicanismo, sin notar cómo las clases dominantes tienden vulnerar esos principios. Las ingenuidades institucionalistas generan dramáticas consecuencias en el duro escenario que impera en la región.

La cuarta discusión en la izquierda involucra la insoslayable distinción entre los gobiernos derechistas y progresistas. Resulta indispensable reconocer la diferencia cualitativa, que separa a un mandatario como Bolsonaro de otro como Fernández. Ese reconocimiento es la condición para actuar con realismo, en sintonía con las esperanzas populares.

Los reaccionarios, neoliberales y fascistas conforman un bloque de enemigos acérrimos de los trabajadores. Sus adversarios progresistas, reformistas y desarrollistas exhiben limitaciones e incurren en capitulaciones e insuficiencias. Ambos sectores son muy distintos y el desconocimiento de esa divergencia enceguece a la izquierda. Un abismo separa el negacionismo criminal de la protección sanitaria frente a la cuarentena, y la misma distancia se verifica entre el estado de sitio y los acotados controles de la gendarmería.

Las corrientes sectarias suelen omitir estas diferencias recurriendo a conceptos ambiguos, que se aplican indistintamente a las administraciones progresistas y derechistas (capitalistas, bonapartistas, etc). Olvidan que esos genéricos presupuestos, no anulan las distinciones entre ambos tipos de gobiernos. El desconocimiento de este hecho conduce al auto-encierro en proyectos sin futuro.

Estrategias e ideales

Una política de izquierda basada en dinámicas de radicalización permite evitar las ingenuidades autonomistas, las vacilaciones institucionalistas y las miopías sectarias. En la crisis generada por la pandemia esa orientación tiene muchas expresiones en programas, movimientos sociales y organizaciones políticas.

Esos espacios alientan el protagonismo popular para construir un proyecto anticapitalista. Apuestan a dilucidar a través de la experiencia cuáles serían las reformas posibles y propician abiertamente el avance hacia el socialismo. Promueven, además, articulaciones internacionales y acciones parlamentarias o callejeras, para forjar hegemonías políticas coronadas con rupturas revolucionarias. Ponderan especialmente la voluntad de lucha como una cualidad indispensable, en contraposición al florecimiento actual del escepticismo y la resignación.

En la convulsión global generada por el coronavirus se ha tornado particularmente relevante la contraposición entre humanismo y codicia. El primer principio protege a la población con cuarentenas y la segunda actitud condena al deceso a los sectores vulnerables. En un polo se ubica la defensa de la vida y en otro la indiferencia ante el sufrimiento y la muerte. Esa misma simetría se extiende a las conductas de solidaridad o agresión. Nunca ha sido tan transparente el contraste entre las provocaciones militares del Pentágono y los gestos de hermandad de Cuba.

El socialismo sintetiza esos principios de humanismo. No implica solamente un proyecto de largo plazo de justicia, democracia e igualdad. Supone ya mismo la defensa prioritaria de la vida. Los socialistas protegen la salud pública frente a capitalistas que sólo enaltecen sus ganancias.

Resumen

La pandemia altera el escenario de restauración conservadora y rebeliones populares. La derecha extiende la militarización y divulga argumentos negacionistas para resguardar las ganancias. Exalta ese lucro en desmedro de la vida y justifica el ajuste en plena emergencia. El experimento criminal de Bolsonaro es el gran test regional de los reaccionarios.

El rumbo sanitario progresista de Argentina se extiende a otros planos sin zanjar una tónica definitiva. La comparación con México esclarece el curso de ambos gobiernos. En plena emergencia del coronavirus Venezuela afronta con éxito la agresión imperial y Cuba ha recuperado un significativo protagonismo internacional por su labor solidaria.

El repliegue estadounidense y la introspección europea desconciertan a las elites, mientras aumenta la gravitación de China ante la parálisis de los organismos latinoamericanos. Se ha introducido un paréntesis en la lucha social, en un marco de gran confluencia de reivindicaciones populares con cuatro debates en la izquierda. El humanismo socialista recobra significado.

Bibliografía


  1. Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz
  2. Al 12 de mayo del total de 286.000 fallecidos en todo el mundo, 21.528 se localizan en América Latina y de 4.100.000 infectados hay 383.670 en la región. https://www.infobae.com /2020/05/12/
  3. El número de infectados y fallecidos según los datos oficiales de cada país es el siguiente: Brasil (169.594 casos, 11.653 muertos), Perú (68.822 casos. 1.961 muertos), México (36.327 casos, 3.573 muertos), Chile (30.063 casos, 323 muertos), Ecuador (29.509 casos, 2.145 muertos), Colombia (11.613 casos, 479 muertos), República Dominicana (10.634 casos, 393 muertos), Panamá (8.616 casos, 249 muertos), Argentina (6.278 casos, 317 muertos), Bolivia (2.831 casos, 122 muertos), Honduras (2.100 casos, 116 muertos), Cuba (1.783 casos, 77 muertos), Guatemala (1.114 casos, 26 muertos), El Salvador (998 casos, 18 muertos), Costa Rica (801 casos, 7 muertos), Paraguay (724 casos, 10 muertos), Uruguay (711 casos, 19 muertos), Jamaica (505 casos, 9 muertos), Venezuela (422 casos, 10 muertos), Nicaragua (16 casos, 5 muertos) https://www.infobae.com /2020/05/12/
  4. ¿Cuáles son los países que más invierten en salud? https://chequeado.com/el-explicador , Zibechi, Raúl. Una bomba a punto de estallar, 12-5-2020 https://www.motoreconomico.com.ar
  5. La carestía de los reactivos obligó a poner un tope a su cobro. Cada uno costaba según el país entre 70 y 420 dólares. ¿Cuánto cuesta un test de coronavirus en América Latina? 1-4- 2020 https://www.resumenlatinoamericano.org
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  23. Alejandro Izquierdo, Martín Ardanaz. Cómo puede financiar América Latina el combate al virus, 15 abr. 2020, La Nación.
  24.  Hay proyectos en Argentina, España, Rusia, Italia, Suiza e Inglaterra, Alemania, Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú, 29 abr. 2020, www.pagina12.com.ar/262701

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